Deportación por delitos: qué condenas lo hacen deportable

Por qué una condena importa en la ley de inmigración

La ley de inmigración usa los antecedentes penales en dos listas distintas. Los motivos de deportabilidad del INA § 237, 8 U.S.C. § 1227 se aplican a personas que fueron admitidas, por ejemplo residentes permanentes y titulares de visa. Los motivos de inadmisibilidad del INA § 212(a)(2), 8 U.S.C. § 1182(a)(2) se aplican a quienes buscan la admisión o la tarjeta verde, incluidas las personas que entraron sin inspección. El mismo delito puede caer en una lista y no en la otra; por eso la primera pregunta siempre es el estatus de la persona.

Una condena puede tener cuatro consecuencias separadas, y cada una se decide según su propia regla:

• Expulsabilidad: el gobierno la imputa en una Notificación de Comparecencia (NTA) y debe probarla en el proceso de expulsión.
• Detención: algunos delitos activan la detención obligatoria sin audiencia de fianza.
• Impedimentos para obtener alivio: un delito grave con agravantes (aggravated felony), por ejemplo, impide la cancelación de expulsión para residentes permanentes y el asilo.
• Discreción: aun cuando existe un alivio disponible, el juez de inmigración sopesa los antecedentes penales frente a los factores favorables.

Para una introducción sencilla a la lista de deportabilidad, vea nuestro artículo Motivos de Deportabilidad: Por Qué Alguien Ya Aquí Puede Ser Expulsado.

Qué cuenta como “condena” para fines de inmigración

La ley de inmigración tiene su propia definición, en el INA § 101(a)(48)(A), 8 U.S.C. § 1101(a)(48)(A). Una condena es un fallo formal de culpabilidad dictado por un tribunal. Y si se suspendió la adjudicación de culpabilidad, sigue siendo una condena cuando se cumplen estas dos condiciones:

1. un juez o un jurado declaró culpable a la persona, o la persona se declaró culpable o nolo contendere (sin impugnar los cargos), o admitió hechos suficientes para justificar una declaración de culpabilidad; y
2. el juez ordenó algún tipo de castigo, sanción o restricción de la libertad de la persona.

Por eso una “adjudicación suspendida” (withheld adjudication), un fallo diferido o un programa de desvío (diversion) que exigió una declaración de culpabilidad y libertad condicional, una multa o clases puede contar como condena para fines de inmigración aunque la ley estatal trate el caso como desestimado. Cada programa debe leerse según sus propios términos.

Sentencias. Según el INA § 101(a)(48)(B), un “término de encarcelamiento” o una “sentencia” incluye el período de encarcelamiento que ordena el tribunal, sin importar que se suspenda total o parcialmente. Una sentencia de un año totalmente suspendida sigue siendo una sentencia de un año para las categorías de delito grave con agravantes que dependen de un término de al menos un año.

Condenas anuladas y sentencias modificadas. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) resolvió en Matter of Pickering, 23 I&N Dec. 621 (BIA 2003) que una condena anulada por motivos relacionados únicamente con la rehabilitación o con dificultades migratorias, y no por un defecto procesal o sustantivo en el caso penal, no se elimina para fines de inmigración. El Fiscal General aplicó el mismo principio a las sentencias en Matter of Thomas & Thompson, 27 I&N Dec. 674 (A.G. 2019): una orden de un tribunal estatal que modifica, aclara o cambia de otro modo una sentencia solo tiene efecto si se basa en un defecto procesal o sustantivo del proceso penal original, y no si se basa en la rehabilitación o en evitar consecuencias migratorias.

Delitos graves con agravantes (aggravated felonies)

“Delito grave con agravantes” (aggravated felony) es un término de inmigración definido en el INA § 101(a)(43), 8 U.S.C. § 1101(a)(43). Un delito no tiene que ser grave (felony), ni tener agravantes, según la ley estatal para entrar en esta categoría. Una persona no ciudadana condenada por un delito grave con agravantes en cualquier momento después de su admisión es deportable según el INA § 237(a)(2)(A)(iii). La lista tiene más de veinte categorías; entre las más frecuentes están:

• asesinato, violación o abuso sexual de un menor (§ 101(a)(43)(A));
• tráfico ilícito de una sustancia controlada, incluido un delito federal de narcotráfico (§ 101(a)(43)(B));
• un delito de violencia según la definición de 18 U.S.C. § 16 “por el cual el término de encarcelamiento [sea] de al menos un año” (§ 101(a)(43)(F));
• un delito de hurto (incluida la recepción de bienes robados) o de allanamiento (burglary) con un término de encarcelamiento de al menos un año (§ 101(a)(43)(G));
• un delito que implique fraude o engaño en el que la pérdida para la víctima o las víctimas supere los $10,000 (§ 101(a)(43)(M)(i));
• lavado de dinero por más de $10,000, ciertos delitos de tráfico de armas de fuego y de explosivos, y la tentativa o conspiración para cometer cualquiera de los delitos de la lista (§ 101(a)(43)(D), (C), (E), (U)).

La definición se aplica a delitos federales y estatales, y a delitos extranjeros cuyo término de encarcelamiento se haya cumplido dentro de los 15 años anteriores. Se aplica sin importar si la condena se dictó antes, el mismo día o después del 30 de septiembre de 1996.

Dos puntos suelen sorprender. Primero, en las categorías (F) y (G) lo que cuenta es la sentencia impuesta, incluida cualquier parte suspendida; así, un hurto menor (misdemeanor) con una sentencia suspendida de 365 días puede ser un delito grave con agravantes. Segundo, la Corte Suprema resolvió en Sessions v. Dimaya, No. 15-1498 (U.S. 17 de abril de 2018) que la “cláusula residual” de 18 U.S.C. § 16(b), tal como se incorpora a la definición migratoria, es inconstitucionalmente vaga; un “delito de violencia” se juzga ahora según el § 16(a), la cláusula de elementos.

Las consecuencias son las más severas de la ley de inmigración: un delito grave con agravantes impide la cancelación de expulsión para residentes permanentes (INA § 240A(a)(3)) y se trata como un delito particularmente grave que impide el asilo (INA § 208(b)(2)(B)(i), 8 U.S.C. § 1158(b)(2)(B)(i)). Nuestro artículo Delito Grave con Agravantes: El Término Migratorio Que No Es lo Que Parece presenta más ejemplos.

Delitos de vileza moral (CIMT)

El “delito de vileza moral” (crime involving moral turpitude, CIMT) no está definido en la ley; su significado proviene de décadas de decisiones de la agencia y de los tribunales. Que un delito entre o no en esta categoría depende de los elementos de la ley específica por la que se dictó la condena. La BIA resolvió en Matter of Silva-Trevino, 26 I&N Dec. 826 (BIA 2016) que el enfoque categórico y el enfoque categórico modificado (explicados más abajo) son el marco para decidir si una condena es un CIMT.

Deportabilidad (INA § 237(a)(2)(A)(i)–(ii)). Una persona no ciudadana es deportable por:

• un CIMT cometido dentro de los cinco años siguientes a la fecha de admisión (diez años para ciertos residentes permanentes según el § 1255(j)), si el delito es uno por el que puede imponerse una sentencia de un año o más; cuenta el máximo posible, no la sentencia que realmente se dictó; o
• dos o más CIMT en cualquier momento después de la admisión, que no provengan de un mismo plan de conducta delictiva, haya estado o no la persona en la cárcel.

Inadmisibilidad (INA § 212(a)(2)(A)(i)(I)). Una persona condenada por un CIMT, o que admite haber cometido sus elementos esenciales, es inadmisible. La excepción de “delito menor” (petty offense) del § 212(a)(2)(A)(ii) se aplica a quien cometió un solo delito de este tipo si la pena máxima posible no superaba un año y la sentencia impuesta no fue de más de seis meses; también hay una excepción limitada para un solo delito cometido antes de los 18 años y más de cinco años antes de la solicitud. Vea nuestro artículo Delitos de Vileza Moral: Un Concepto Que Define los Casos.

Deportación por delitos de drogas, armas de fuego y violencia doméstica

Sustancias controladas

Según el INA § 237(a)(2)(B)(i), una persona no ciudadana condenada después de su admisión por violar cualquier ley relacionada con una sustancia controlada (según la definición de 21 U.S.C. § 802), o por conspiración o tentativa, es deportable, con una excepción: un solo delito de posesión para uso propio de 30 gramos o menos de marihuana. Una persona que es o ha sido consumidora habitual o adicta a las drogas después de su admisión también es deportable (§ 237(a)(2)(B)(ii)). En cuanto a la inadmisibilidad, una infracción relacionada con sustancias controladas, incluida la admisión de sus elementos, hace inadmisible a la persona según el § 212(a)(2)(A)(i)(II), y una persona de quien el gobierno “sabe o tiene motivos para creer” que es traficante es inadmisible según el § 212(a)(2)(C) aun sin condena.

La Corte Suprema resolvió en Mellouli v. Lynch, 575 U.S. 798 (2015) que una condena estatal por parafernalia no daba lugar a la expulsión porque el expediente no la vinculaba con una droga de las listas federales de sustancias controladas. En Moncrieffe v. Holder, 569 U.S. 184 (2013) resolvió que una condena estatal por distribución de marihuana que no establece remuneración ni más que una pequeña cantidad de marihuana no es un delito grave con agravantes.

Armas de fuego

Una condena después de la admisión, según cualquier ley, por comprar, vender, usar, poseer o portar un arma de fuego o un dispositivo destructivo en violación de la ley, o por intentarlo o conspirar para hacerlo, es un motivo de deportabilidad según el INA § 237(a)(2)(C). El tráfico de armas de fuego y varios delitos federales de armas también son delitos graves con agravantes.

Violencia doméstica, acecho, maltrato infantil y órdenes de protección

Según el INA § 237(a)(2)(E), una persona no ciudadana condenada después de su admisión por un delito de violencia doméstica, acecho (stalking), o maltrato, negligencia o abandono de menores es deportable. Un “delito de violencia doméstica” es un delito de violencia según 18 U.S.C. § 16 cometido contra una persona con una de las relaciones que enumera la ley (cónyuge actual o anterior, una persona con quien se tiene un hijo en común, una persona con quien se convive y otras protegidas por las leyes de violencia doméstica). Por separado, una persona que, según determine un tribunal, violó la parte de una orden de protección que protege contra amenazas creíbles de violencia, acoso reiterado o lesiones corporales es deportable; este motivo requiere una determinación judicial, no una condena penal.

Inadmisible o deportable: por qué el estatus cambia el análisis

Las dos listas se superponen, pero no son iguales:

• Admisión frente a condena. La inadmisibilidad puede basarse en la admisión de los elementos de un CIMT o de un delito de drogas, sin condena. La deportabilidad según el § 237(a)(2) generalmente requiere una condena.
• Varias condenas. Según el § 212(a)(2)(B), una persona condenada por dos o más delitos de cualquier tipo con sentencias de encarcelamiento que en total sumen cinco años o más es inadmisible, impliquen o no vileza moral.
• Plazos. El motivo de deportabilidad por un solo CIMT solo alcanza delitos cometidos dentro de los cinco años siguientes a la admisión; el motivo de inadmisibilidad no tiene ese límite.
• Perdones (waivers). Un perdón discrecional según el INA § 212(h) puede dispensar algunos motivos de inadmisibilidad; nuestra guía de inadmisibilidad explica quién califica. En cuanto a la deportabilidad, el § 237(a)(2)(A)(vi) dispone que los motivos de CIMT, de delito grave con agravantes y de fuga a alta velocidad no se aplican después de un indulto pleno e incondicional del Presidente o del Gobernador de un estado.

Por eso una persona que solicita la tarjeta verde, una persona que entró sin inspección y un residente permanente con los mismos antecedentes penales pueden enfrentar consecuencias muy distintas.

El enfoque categórico: se compara la ley, no los hechos

Para decidir si una condena estatal encaja en una categoría federal, los jueces de inmigración y los tribunales generalmente usan el enfoque categórico. Como explicó la Corte Suprema en Moncrieffe, la conducta real de la persona no importa: el tribunal compara los elementos de la ley estatal de la condena con la definición federal “genérica”, y la condena solo encaja si la conducta menos culpable que abarca la ley entra en la categoría federal. En Esquivel-Quintana v. Sessions, 581 U.S. 385 (2017), la Corte resolvió que, para los delitos de estupro basados únicamente en la edad de los participantes, la definición federal genérica de “abuso sexual de un menor” exige que la víctima tenga menos de 16 años.

Cuando una ley enumera elementos alternativos, el enfoque categórico modificado permite revisar un conjunto limitado de documentos del expediente (como el documento de acusación y la declaración de culpabilidad) para ver qué alternativa fue la base de la condena. Algunas categorías son distintas: en Nijhawan v. Holder, 557 U.S. 29 (2009), la Corte resolvió que la pérdida de $10,000 de la categoría de fraude se juzga según las circunstancias específicas del delito, no según los elementos de la ley.

Estas reglas son técnicas, y el resultado puede depender de la subsección exacta a la que la persona se declaró culpable y de la jurisprudencia del circuito federal donde surge el caso. Por eso también importan tanto la redacción del acuerdo de culpabilidad y el expediente de la condena.

Antes y después de declararse culpable: Padilla y el alivio posterior a la condena

En Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 356 (2010), la Corte Suprema resolvió que la Sexta Enmienda exige que el abogado defensor penal informe a su cliente no ciudadano si una declaración de culpabilidad conlleva un riesgo de deportación. Cuando la ley no es breve y clara, basta con advertir que los cargos pueden conllevar un riesgo de consecuencias migratorias adversas; cuando la consecuencia de deportación es realmente clara, el abogado debe decirlo. Que una persona a quien no se le advirtió obtenga un remedio depende también de demostrar perjuicio.

Para quien tiene un caso penal pendiente, lo práctico es que se analicen las consecuencias migratorias antes de declararse culpable: el cargo, la subsección, la sentencia (incluida cualquier parte suspendida) y las palabras de la declaración pueden marcar la diferencia entre un delito que da lugar a la deportación y uno que no.

Para quien ya fue condenado, una anulación o un cambio de sentencia cuenta en la corte de inmigración solo si se basa en un defecto legal del caso penal, según Pickering y Thomas & Thompson (vea arriba). Una anulación basada en una violación de Padilla u otro defecto constitucional o procesal es el tipo de orden que puede reconocerse; una concedida solo para evitar la deportación, no. Si una condena se anula después de una orden de expulsión, una moción para reabrir puede ser la vía para presentar el cambio ante la corte de inmigración.

Detención y alivio en la corte de inmigración después de una condena

Detención obligatoria. El INA § 236(c), 8 U.S.C. § 1226(c) exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenga, cuando salen de la custodia penal, a las personas inadmisibles o deportables por los motivos penales enumerados. Desde la Ley Laken Riley de 2025, el § 236(c)(1)(E) también alcanza a las personas inadmisibles por entrar sin inspección, por fraude o tergiversación o por falta de documentos que sean acusadas, arrestadas o condenadas por allanamiento (burglary), hurto, robo menor (larceny), hurto en tiendas, agresión a un agente del orden o un delito que cause la muerte o lesiones corporales graves, o que admitan haberlos cometido. Nuestras guías sobre audiencias de fianza y detención migratoria explican cuándo un juez todavía puede fijar una fianza.

Alivios que pueden quedar. Una condena no siempre pone fin al caso. Según el delito y el expediente, un juez de inmigración todavía puede considerar:

• Cancelación de expulsión para residentes permanentes (INA § 240A(a)), si la persona no ha sido condenada por un delito grave con agravantes y cumple los requisitos de cinco y siete años; vea nuestra guía de cancelación sobre la regla de interrupción del tiempo (stop-time rule).
• Ajuste de estatus con un perdón, cuando el delito es perdonable; vea ajuste de estatus.
• Asilo, retención de expulsión y protección según la Convención contra la Tortura. Un delito grave con agravantes impide el asilo. Para la retención de expulsión, uno o más delitos graves con agravantes con una sentencia total de al menos cinco años constituyen un delito particularmente grave según el INA § 241(b)(3)(B), y una sentencia menor todavía puede considerarse particularmente grave. Vea nuestra guía de asilo.

Como cada una de estas preguntas la decide un juez de inmigración con base en el expediente, la perspectiva de la corte de inmigración importa desde el primer día: qué cargo puede probar el gobierno, qué muestran realmente los documentos de la condena y qué alivio sigue disponible. Para el panorama más amplio de las defensas, vea defensa contra la expulsión; si un juez ya decidió, vea apelaciones ante la BIA.

Si quiere que un exjuez de inmigración se encargue del lado migratorio de un caso penal, junto con su abogado defensor penal, conozca a nuestro abogado de inmigración y delitos. Nuestra autoevaluación ¿una condena puede afectar mi estatus? repasa las primeras preguntas sobre un arresto, un cargo o una condena.

Carlos Maury, exjuez de inmigración de EE. UU., dirige Carlos Maury Law; para hablar de cómo un cargo o una condena penal afecta su caso de inmigración, llame al (213) 769-0050. Hablamos español.